Contexto y Antecedentes
La derogación de la Resolución N° 173-AFSCA/10 marca un punto de inflexión en el sector audiovisual argentino. Esta resolución, que había estado en vigor desde 2010, instituyó un sistema de información pública que obligaba a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual a proporcionar detalles sobre sus operaciones y contenidos. Este mecanismo de transparencia tenía como objetivo permitir un mayor control y acceso a la información de los consumidores, además de permitir a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) supervisar a los operadores del sector.
Sin embargo, con el paso del tiempo, la relevancia de la Resolución N° 173-AFSCA/10 comenzó a cuestionarse debido a cambios significativos en el marco normativo del país. La Ley N° 27.078, conocida como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, estableció nuevas directrices para la regulación del sector, introduciendo conceptos más modernos que reflejan la evolución del panorama mediático y tecnológico. Esta ley buscó garantizar la diversidad y pluralidad en la comunicación, aspectos cruciales en un contexto donde la oferta audiovisual se expandía rápidamente.
Además, el Decreto N° 70/23, que introdujo modificaciones a la legislación existente, también contribuyó a que las obligaciones impuestas por la resolución anterior fueran consideradas en gran medida obsoletas. El avance de la tecnología, así como la necesidad de adaptarse a nuevas realidades del consumo de medios, llevaron a la reconsideración de las regulaciones anteriores. Por lo tanto, el cambio hacia nuevas normativas busca no solo adaptar el sector a tiempos modernos, sino también favorecer un ecosistema más dinámico y accesible para todos los usuarios en Argentina.
Objetivo de la Derogación
La derogación de la Resolución N° 173-AFSCA/10, enmarcada en la evolución del sector audiovisual en Argentina, tiene como objetivo principal otorgar mayor libertad y flexibilidad a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual. Esta medida responde a la necesidad de eliminar regulaciones administrativas que, en el contexto actual, se consideraban excesivas y restrictivas, lo que impedía una mayor innovación y competitividad en el mercado.
Una de las metas esenciales de la derogación es fomentar un entorno regulatorio más ágil, permitiendo a las empresas audiovisuales adaptarse rápidamente a las cambiantes demandas del público. Al eliminar los obstáculos que limitaban la operación de estas entidades, se busca propiciar un crecimiento sostenido y mejorar la capacidad de respuesta ante las nuevas formas de consumo de medios, como el streaming y la on-demand. Esto, a su vez, se traduce en la promoción de una mayor eficiencia en la prestación de servicios, lo que beneficia a los consumidores finales.
Además, se proyecta que esta medida contribuirá a la mejora de la calidad de los servicios. Al tener más libertad para gestionar su oferta y operaciones, los prestadores podrán introducir innovaciones tecnológicas y expandir sus servicios, ajustándose mejor a las expectativas de los usuarios. Se prevé que, en el futuro, los ciudadanos accederán a una gama más amplia de contenidos y formatos, lo que se alinea con el objetivo de universalizar el acceso a los servicios de comunicación audiovisual en todo el país.
Así, la derogación de la Resolución 173-AFSCA/10 se presenta como un paso significativo hacia un sector audiovisual más dinámico y en sintonía con las necesidades de la población, proporcionando un marco que incentiva no solo la libre competencia, sino también el crecimiento de un ecosistema mediático diverso y accesible.
Implicaciones para los Prestadores de Servicios
La derogación de la Resolución N° 173-AFSCA/10 ha generado un cambio significativo en el marco regulatorio para los prestadores de servicios de comunicación audiovisual en Argentina. Este cambio se traduce en la eliminación de ciertas cargas administrativas que, históricamente, habían limitado la capacidad operativa de estas entidades. Sin embargo, es crucial destacar que, a pesar de la derogación, los prestadores de servicios aún están obligados a cumplir con las disposiciones estipuladas en la Ley N° 26.522 y su reglamentación asociada. Esto implica que se deben continuar respetando los principios fundamentales que rigen la prestación de servicios audiovisuales en el país.
La responsabilidad del cumplimiento de estas normas recae en gran medida en ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones. Este organismo tiene un papel central en la fiscalización y verificación del cumplimiento de las obligaciones impuestas a los prestadores. ENACOM se encarga de asegurar que los servicios ofrecidos se alineen con los estándares legales y técnicos establecidos, lo cual es vital para mantener la calidad y la legalidad de la oferta audiovisual en el país. Los prestadores deben estar preparados para adaptarse a las nuevas normativas y seguir garantizando un servicio de calidad a sus usuarios.
Además, este contexto presenta tanto desafíos como oportunidades para los proveedores de servicios. Por un lado, la reducción de cargas administrativas puede fomentar la innovación y la competitividad en el sector. Por otro lado, la necesidad de adherirse a las regulaciones existentes sigue siendo un factor determinante que los prestadores deben gestionar con diligencia. En este nuevo panorama, la colaboración entre los prestadores y ENACOM será esencial para asegurar una transición fluida hacia el cumplimiento pleno de las normativas vigentes.
Conclusión
La derogación de la Resolución N° 173-AFSCA/10 y la posterior implementación de la resolución 351/2025 marcan un cambio significativo en el sector audiovisual en Argentina. Este movimiento se puede interpretar como un paso crucial hacia la modernización y simplificación de la normativa que rige las comunicaciones en el país. A medida que el entorno audiovisual evoluciona ante el avance tecnológico y las nuevas dinámicas de consumo, es fundamental que las regulaciones se ajusten para reflejar estas transformaciones. La resolución 351/2025 busca asegurar que los prestadores de servicios tengan la flexibilidad necesaria para adaptarse a las demandas del mercado, al mismo tiempo que se mantiene un control estatal adecuado para proteger los intereses de la sociedad.
Este balance entre control y flexibilidad es esencial, dado que un marco regulatorio que favorezca la innovación puede dar lugar a un aumento en la calidad y variedad de contenido disponible para los ciudadanos. Asimismo, promueve un ambiente competitivo que estimula la inversión y el desarrollo de nuevas plataformas y servicios en el sector audiovisual. La regulación del ámbito comunicacional debe ser lo suficientemente robusta para garantizar la equidad y la inclusión, al tiempo que se permiten las libertades necesarias para el crecimiento económico y cultural.
En el contexto de un sector en constante movimiento, la adaptabilidad de las regulaciones se vuelve imperativa. La resolución 351/2025 es un intento de responder a estas exigencias, resaltando la importancia de contar con una normativa que no solo regule sino que también incentive la evolución del sector. Por tanto, aunque la derogación de la resolución anterior puede generar inquietudes, es fundamental reconocer el potencial de estas nuevas directrices como un impulso hacia un sistema más dinámico y accesible que, en última instancia, beneficiará a la sociedad en su conjunto.
Off Topic es un autor que aborda temas de libertad individual y acción ciudadana en la web Libertad en Acción. Sus escritos ofrecen una perspectiva reflexiva y crítica sobre diversos temas de actualidad, fomentando el debate y la conciencia social.