Administración Pública Nacional: ¿Decisión Administrativa 7/2025, Transparencia Real o Concentración de Poder?
La Decisión Administrativa 7/2025 irrumpe en la escena de la Administración Pública Nacional con cambios estructurales que pretenden modernizar la forma en que se retribuye y organiza el gabinete de las autoridades superiores. ¿Será esta reforma un avance hacia una mayor transparencia y objetividad en el uso de fondos públicos, o se trata de una maniobra para concentrar el poder y favorecer intereses políticos? En este extenso análisis, desmenuzamos cada uno de los artículos de la decisión, analizamos sus implicancias, y nos preguntamos –sin pelos en la lengua– si realmente se cumple la promesa de un Estado más eficiente o si simplemente se renuevan los mismos problemas de siempre.
Contexto Histórico y Marco Legal
La Decisión Administrativa 7/2025 se enmarca en un contexto donde la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y el Decreto Nº 1421/2002 (junto con sus modificatorios) han sido pilares fundamentales en la organización y la retribución del personal de gabinete de las autoridades superiores. Durante años, las decisiones y normativas –desde la Decisión Administrativa Nº 267/2018 hasta las sucesivas – han intentado ajustar los criterios de asignación de unidades retributivas, orientadas a premiar la productividad y la eficiencia.
La actual reforma, impulsada por la nueva gestión de gobierno, se presenta con el objetivo declarado de lograr una mayor transparencia y objetividad en la erogación de fondos públicos, en un contexto donde la exigencia social por la rendición de cuentas es cada vez mayor. Sin embargo, en medio de discursos modernizadores y el uso de indicadores objetivos de productividad, surgen dudas sobre si el cambio estructural es real o si se trata de un cambio de fachada que no altera la esencia del sistema.
Desglosando la Decisión Administrativa 7/2025
El documento se estructura en varios artículos, cada uno de los cuales aporta cambios significativos. A continuación, analizamos los puntos clave:
Artículo 1º: Derogación de Normativas Anteriores
En este primer punto se deroga la Decisión Administrativa Nº 267/2018, junto con una larga lista de normas complementarias –desde la Dec. Nº 295/2018 hasta la Dec. Nº 449/2023.
¿Qué implica esto?
- Se borra un acervo normativo que, con el paso de los años, se había ido amontonando y, en ocasiones, generaba confusión y redundancias en la retribución del personal de gabinete.
- Se busca simplificar y actualizar el marco regulatorio para que las decisiones sobre la asignación de unidades retributivas se realicen bajo criterios uniformes y modernizados.
Crítica y cuestionamiento:
Si bien la depuración de normas puede verse como una acción positiva, surge la duda: ¿se eliminarán verdaderamente las ineficiencias o solo se esconderán bajo nuevas fórmulas y anexos? La claridad en la implementación es esencial para evitar la reinterpretación arbitraria de los criterios.
Artículo 2º: Asignación de Unidades Retributivas
El artículo 2º dispone que a diversas autoridades superiores –desde el Vicepresidente y el Jefe de Gabinete de Ministros, hasta los Ministros y Secretarios de la Presidencia, excluyendo el Secretario de Inteligencia de Estado– se les asignarán unidades retributivas según lo detallado en el Anexo I.
Puntos clave:
- Integración del Gabinete: Se establece un mecanismo de asignación de retribuciones basado en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO.
- Se busca garantizar que la compensación se relacione directamente con el ahorro presupuestario generado y, en consecuencia, con la eficiencia en la gestión.
Enfoque crítico:
La idea de premiar el ahorro presupuestario es interesante, pero la pregunta inevitable es: ¿realmente se medirá la productividad de forma objetiva o se abrirá la puerta a arbitrariedades y negociaciones políticas detrás de los números?
Artículo 3º: Retribución del Personal
Este artículo aclara que tanto el personal de gabinete como el personal de planta permanente, transitoria o contratado con relación de empleo público podrán ser retribuidos mediante el uso de unidades retributivas.
Aspectos destacados:
- Se diferencia entre el personal de gabinete y otros cargos, contemplando además asignaciones extraordinarias para premiar iniciativas y méritos que redunden en mayor eficacia.
- Se establece una excepción para el personal contratado en locaciones de servicios, que no estará incluido en este sistema.
Perspectiva cuestionadora:
Aunque la idea de premiar la productividad es en teoría positiva, ¿cómo se definirán y medirán esos “méritos relevantes”? La transparencia en la evaluación es crucial para evitar favoritismos y asegurar que las retribuciones sean justas.
Artículo 4º: Limitación Salarial
El artículo 4º fija un tope en la remuneración bruta mensual del personal, que no podrá superar el salario mensual de los Ministros del Poder Ejecutivo Nacional.
Importancia del límite:
- Se busca evitar excesos y garantizar una cierta equidad salarial dentro de la administración.
- La medida apunta a prevenir que, en aras de premiar la eficiencia, se terminen asignando retribuciones desproporcionadas.
Reflexión crítica:
Este límite puede ser una herramienta útil para contener la escalada salarial, pero también podría restringir la capacidad de atraer talentos de alta calidad si el tope es percibido como insuficiente frente a las exigencias del cargo.
Artículo 5º: Unidades Retributivas Adicionales por Ahorro Presupuestario
Se faculta la asignación de unidades retributivas adicionales a aquellas autoridades superiores que hayan logrado una reducción en la dotación de personal, previa intervención de las secretarías de Transformación del Estado y de Presupuesto.
Aspectos innovadores:
- Incentivar la eficiencia mediante el ahorro presupuestario es un enfoque que puede motivar una gestión más austera y responsable.
- La existencia de un sistema de bonificación vinculado al ahorro presupuestario introduce un componente de incentivos financieros que, en teoría, premia la eficiencia.
Pregunta crítica:
¿Será este mecanismo capaz de generar verdaderos ahorros o se convertirá en una herramienta para ajustar las cifras sin una mejora real en la productividad y en la calidad de los servicios públicos?
Artículo 6º: Reasignación de Unidades Retributivas
El artículo 6º permite a las autoridades superiores reasignar parte de las unidades retributivas a otras autoridades de organismos desconcentrados y descentralizados, siempre bajo la supervisión de las secretarías de Transformación del Estado y Presupuesto.
Ventajas potenciales:
- Facilita una redistribución dinámica que puede responder a las necesidades y requerimientos de cada jurisdicción.
- Permite un ajuste en tiempo real, en función de los cambios en la dotación de personal y en la carga de trabajo.
Enfoque dubitativo:
La flexibilidad en la reasignación es positiva, pero ¿qué tan efectivos serán los controles para evitar que este mecanismo se use para favorecer políticamente a determinados sectores o personas?
Artículo 7º: Dotación de Planta Permanente y de Gabinete
Se establece que al inicio de cada ejercicio presupuestario se definirá, mediante resolución, el rango de dotación de planta permanente, transitoria y de personal de gabinete para cada Ministerio, la Presidencia y la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Puntos a destacar:
- La previsión de establecer rangos y ajustes de dotación desde el inicio del ejercicio presupuestario es una medida que podría mejorar la planificación a mediano plazo.
- Permite que, en el transcurso del año, se realicen ajustes si se producen modificaciones significativas en la dotación o en la organización.
Cuestión esencial:
El reto es que estos ajustes deben ser realizados con total transparencia y participación de las áreas técnicas, para que no se conviertan en simples maniobras administrativas sin una base objetiva.
Artículo 8º: Bonificaciones por Reducción de Dotación
El artículo 8º dispone que a aquellas autoridades superiores que hayan logrado una reducción de dotación durante el año 2024 se les asignarán unidades retributivas adicionales, de acuerdo con la fórmula establecida en el anexo.
Impacto esperado:
- Se incentiva la optimización de recursos y se premia a quienes logren hacer más con menos.
- Esta medida puede impulsar a una revisión constante de las estructuras y a la eliminación de redundancias.
Punto crítico:
El éxito de esta bonificación dependerá de la objetividad en la medición del ahorro y de la eficiencia alcanzada, aspectos que deben estar sujetos a auditorías independientes y a la participación de la sociedad.
Artículo 9º: Mantenimiento de las Retribuciones Vigentes
Las plantas de Asesores de Gabinete que existían bajo el Decreto Nº 736/1992 mantendrán sus retribuciones vigentes.
Implicaciones:
- Se respeta la situación de aquellos que ya estaban establecidos, evitando cambios bruscos en la remuneración para ciertos sectores.
- Esta medida busca equilibrar la innovación en el sistema con el respeto a las condiciones históricas de algunos funcionarios.
Reflexión final en este apartado:
Si bien es una medida de estabilidad, también puede generar tensiones entre los nuevos criterios y las estructuras heredadas, especialmente si se percibe que hay una disparidad entre ambos sistemas.
Artículo 10: Normas Complementarias
Se faculta a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación de la decisión.
Importancia del artículo:
- Este punto subraya la necesidad de que la reforma sea dinámica y se ajuste a las realidades cambiantes de la administración pública.
- Permite que, en el futuro, se puedan realizar precisiones que aseguren una correcta aplicación de los nuevos criterios retributivos.
Duda persistente:
La efectividad de estas normas dependerá en gran medida de la transparencia en su elaboración y en el proceso de consulta con los actores involucrados.
Tabla Comparativa: Antes y Después de la Decisión Administrativa 7/2025
| Aspecto | Sistema Anterior | Sistema con DA 7/2025 |
|---|---|---|
| Normativa de Retribución | Acumulación de normas y decisiones administrativas (Dec. 267/2018 y otras complementarias) que generaban confusión. | Depuración normativa mediante la derogación de múltiples decisiones anteriores para un marco unificado y actualizado. |
| Asignación de Unidades Retributivas | Criterios dispersos y poco transparentes, con asignaciones poco vinculadas a indicadores objetivos de productividad. | Criterios claros y actualizados que integran unidades retributivas basadas en productividad, ahorro presupuestario y méritos. |
| Control y SupervisiónControl fragmentado y en ocasiones sujeto a negociaciones políticas informales. | Supervisión centralizada a través de la intervención de la Secretaría de Transformación del Estado y de Presupuesto. | |
| Flexibilidad en la Dotación | Ajustes poco sistematizados y con cambios poco predecibles a lo largo del ejercicio presupuestario. | Establecimiento de rangos iniciales y posibilidad de ajustes con intervención técnica y transparente durante el ejercicio. |
| Bonificaciones por Eficiencia | Incentivos poco definidos y difíciles de medir de forma objetiva. | Bonificaciones claras para autoridades que reduzcan dotaciones, con fórmulas específicas en anexo, promoviendo eficiencia. |
| Estabilidad en RetribucionesMantenimiento de sistemas antiguos sin integración de nuevas medidas para el ahorro y la eficiencia. | Mantenimiento selectivo de retribuciones históricas, combinado con nuevas medidas que incentivan la optimización de recursos. |
Análisis Crítico y Reflexiones Finales
Transparencia vs. Concentración de Poder
La Decisión Administrativa 7/2025 se presenta con un discurso moderno y orientado hacia la eficiencia, pero en el fondo nos deja con preguntas esenciales:
- ¿La depuración normativa y la actualización de criterios retributivos lograrán una verdadera transparencia en la asignación de fondos, o se utilizarán como pretexto para concentrar el poder en manos de unos pocos?
- ¿Podrá el nuevo sistema garantizar que los indicadores de productividad sean medidos de forma objetiva y no se conviertan en simples herramientas de ajuste político?
Innovación en la Gestión del Empleo Público
Una de las promesas de esta decisión es modernizar la retribución del personal de gabinete y de planta, incorporando indicadores objetivos de productividad y vinculando el ahorro presupuestario a bonificaciones reales. Desde una perspectiva futurista, esto puede impulsar a que las autoridades superiores sean más eficientes y se responsabilicen por la optimización de recursos. Sin embargo, la implementación será la clave para que estas medidas no se queden en el papel.
Retos en la Implementación y el Control
El éxito del sistema dependerá de mecanismos robustos de auditoría, participación activa de la sociedad y de un control parlamentario riguroso. La facilidad con que el Ejecutivo designa y remueve a las autoridades que gestionarán este sistema retributivo plantea inquietudes sobre la politización y la falta de independencia técnica.
Además, la posibilidad de reasignar unidades retributivas y de ajustar rangos en pleno ejercicio presupuestario exige una coordinación efectiva entre la Secretaría de Transformación del Estado y la Secretaría de Hacienda, sin dejar de lado la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
El Desafío de Equilibrar Tradición e Innovación
En un contexto donde la tradición en la administración pública ha sido una base sólida, esta decisión intenta incorporar nuevas herramientas sin descartar lo que ha funcionado en el pasado. Mantener las retribuciones de las plantas de Asesores de Gabinete es un ejemplo de ello: se respeta la historia, pero se busca integrar un sistema que premie la eficiencia y la innovación.
La verdadera pregunta es: ¿podrá el nuevo sistema convivir con el legado del pasado sin crear una brecha que genere tensiones internas y desigualdades entre quienes se adaptan a los nuevos criterios y quienes permanecen en estructuras heredadas?
Visión Futurista con Raíces Tradicionales
Desde la óptica de la Generación Z, que exige inmediatez, transparencia y tecnología, esta reforma puede interpretarse como un intento de actualizar la Administración Pública Nacional para responder a los desafíos de un mundo globalizado. Sin embargo, el respeto por las costumbres y la tradición en el servicio público es igualmente fundamental para mantener la estabilidad y la confianza en el Estado.
El reto está en lograr un equilibrio: un sistema que sea ágil, objetivo y tecnológicamente avanzado, pero que no olvide las bases históricas y la importancia de la rendición de cuentas. La transformación debe ser profunda y real, y no solo una actualización estética que oculte viejas prácticas de concentración de poder.
La decisión administrativa 7/2025 ha captado la atención en el ámbito de la administración pública nacional. Esta reforma propone cambios estructurales significativos en la forma de retribuir y organizar el gabinete de las autoridades superiores. Sin embargo, surgen interrogantes sobre si estos cambios conducirán hacia una mayor transparencia y eficiencia, o si simplemente serán estrategias para concentrar aún más el poder en manos de unos pocos.
Implicaciones de la Reforma
Analizando los artículos que componen esta decisión, es posible vislumbrar sus profundas implicaciones. Se pretende modernizar el funcionamiento de la administración pública, pero a medida que surgen las críticas, queda claro que hay una preocupación subyacente: ¿estamos ante una alternativa que asegurará el uso óptimo de fondos públicos o se trata de una maniobra política? Las respuestas son cruciales para comprender el verdadero impacto de la reforma.
Transparencia y Objetividad en el Uso de Fondos Públicos
Al evaluar la administración pública nacional a través del prisma de la decisión administrativa 7/2025, es fundamental cuestionar si realmente se promueve la transparencia y la objetividad. A medida que se desmenuzan los artículos y se analizan sus efectos, se hace necesario plantear si estamos avanzando hacia un estado más eficiente o si simplemente están surgiendo las mismas antiguas problemáticas bajo una nueva apariencia. Este análisis crítico puede dar lugar a un debate enriquecedor sobre el futuro del sector público en el país.
Conclusiones y Proyecciones a Futuro
La Decisión Administrativa 7/2025 se erige como un hito en la modernización de la retribución y organización del personal en la Administración Pública Nacional. Entre sus ventajas, se destacan:
- Depuración normativa: Eliminar el exceso de reglas confusas para adoptar un marco unificado y claro.
- Incentivos a la eficiencia: Premiar el ahorro presupuestario y la productividad mediante unidades retributivas adicionales.
- Flexibilidad en la gestión de personal: Establecer rangos iniciales de dotación y permitir ajustes basados en resultados.
Sin embargo, no todo brilla en este panorama: la concentración de poder en manos del Ejecutivo, la posible politización de los indicadores de productividad y la necesidad de controles rigurosos son desafíos que deben ser enfrentados con transparencia y participación ciudadana.
Reflexión final:
La verdadera transformación del sector público no se logrará únicamente con cambios normativos, sino con la implementación de mecanismos efectivos de control, la integración de tecnología para la medición objetiva y, sobre todo, con una ciudadanía vigilante que exija responsabilidad a sus autoridades. El camino hacia una administración pública moderna y justa es arduo, pero imprescindible para enfrentar los desafíos del futuro sin perder de vista las tradiciones que han forjado el Estado.
Off Topic es un autor que aborda temas de libertad individual y acción ciudadana en la web Libertad en Acción. Sus escritos ofrecen una perspectiva reflexiva y crítica sobre diversos temas de actualidad, fomentando el debate y la conciencia social.