El decreto 97/2025 y la privatización de Corredores Viales S.A.
Javier Milei avanza con una de sus promesas más controversiales: reducir el tamaño del Estado. Con el Decreto 97/2025, el Gobierno busca privatizar Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada de la administración de peajes y rutas clave en Argentina. La medida se enmarca en la Ley 27.742, que habilita la venta de empresas estatales, pero, ¿es realmente una solución o solo un nuevo negocio para ciertos sectores?

¿Cómo llegamos a esta situación?
Desde su creación en 2017, Corredores Viales S.A. estuvo en la mira por su gestión deficitaria y su dependencia de fondos públicos. En 2023, la empresa cerró con un rojo de $142.205 millones y acumuló pérdidas por $268.676 millones. Esto significó que el Tesoro Nacional tuvo que cubrir el agujero financiero con $301.010 millones, mientras los usuarios de las rutas pagaban peajes cada vez más altos y veían pocas mejoras en la infraestructura vial.
Javier Milei y la privatización de Corredores Viales S.A.
La decisión del Gobierno de Javier Milei se basa en la convicción de que la infraestructura vial debe ser gestionada por el sector privado para garantizar eficiencia y eliminar el peso que significa para el Estado. Sin embargo, detractores de la medida argumentan que esta privatización solo beneficiará a un pequeño grupo de empresas, consolidando un modelo de peajes caros y rutas en mal estado.
¿Beneficio real para los ciudadanos o nuevo negociado?
El Decreto 97/2025 establece que los tramos viales administrados por Corredores Viales S.A. pasarán a concesiones privadas bajo el régimen de obra pública por peaje. Esto significa que el mantenimiento y administración estarán en manos de empresas privadas que recuperarán su inversión cobrando peajes a los usuarios.
La gran pregunta es: ¿Esto garantizará rutas seguras y transitables o solo consolidará un negocio donde las tarifas seguirán subiendo sin mejoras visibles?
¿Adónde va el dinero de los peajes?
Uno de los puntos más debatidos es el destino de los fondos que se recaudan con los peajes. A pesar de los ingresos generados, el 45% de las rutas bajo control estatal no está en condiciones óptimas. Ahora, con la privatización, la pregunta es si los nuevos operadores garantizarán mejoras o si simplemente maximizarán ganancias sin una inversión real en infraestructura.
El papel del Congreso en la privatización
El decreto establece que se enviará un informe al Congreso, pero, en la práctica, las privatizaciones avanzan sin demasiadas trabas. Milei sostiene que el Estado debe deshacerse de empresas deficitarias, pero detractores advierten que esto podría derivar en monopolios privados que operen sin controles adecuados.
Conclusión: ¿Desestatización necesaria o entrega de activos estratégicos?
La privatización de Corredores Viales S.A. genera un debate profundo sobre el futuro de la infraestructura vial en Argentina. Javier Milei defiende la medida como una solución al derroche estatal, pero la experiencia con concesiones privadas en el país no es alentadora: altos costos para los usuarios, mantenimiento deficiente y falta de control estatal.
¿Será diferente esta vez o simplemente veremos un nuevo capítulo en la historia de negociados con bienes públicos? El tiempo y la reacción de los ciudadanos lo dirán.
Acerca del Tema:

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