Decreto 105/2025: ¿Revolución Administrativa o Retroceso en la Transparencia?
El nuevo Decreto 105/2025, publicado el 18 de febrero de 2025 en el Boletín Oficial de la República Argentina, se presenta como uno de los movimientos más significativos en la reestructuración de la contratación pública. Este decreto, que forma parte de una serie de medidas impulsadas en el marco de la emergencia administrativa decretada por la Ley Nº 27.742, busca unificar y modernizar los sistemas de inscripción y registro para contratar con el Estado. Sin embargo, lejos de generar consenso, esta reforma ha abierto un amplio debate sobre si se trata de una genuina modernización o de un artificio para concentrar competencias que podrían afectar la transparencia y la competencia en la contratación pública.
Antecedentes Históricos y Legislativos: Entre Leyes y Decretos
El Decreto 105/2025 se inserta en un entramado normativo que incluye leyes históricas como la Ley Nº 13.064, que instauró el régimen nacional de obra pública, y la Ley Nº 22.460, orientada a regular la contratación de servicios de consultoría. Durante décadas, el registro y la calificación de empresas constructoras y consultoras se han regido por normativas específicas, como el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y el Registro Nacional de Firmas Consultoras. Estas herramientas, creadas en contextos muy distintos –con raíces que se remontan a decretos de 1957 y 1994, respectivamente– han sido objeto de múltiples modificaciones y han generado un sistema fragmentado y, en ocasiones, ineficiente.
La aplicación del Decreto Nº 1023/01 y sus modificaciones, así como la implementación del Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), han intentado solventar algunas deficiencias heredadas, pero también han evidenciado la existencia de barreras y solapamientos en la inscripción y evaluación de quienes desean participar en licitaciones estatales. La mezcla de regímenes normativos ha sido utilizada para justificar la necesidad de una reestructuración, argumentando que la coexistencia de diferentes sistemas genera ineficiencias y complica la supervisión de los procesos de contratación.
Una Nueva Estructura en la Contratación Pública: Un Análisis Crítico
El Decreto 105/2025 introduce cambios radicales. Entre las medidas más destacadas se encuentran:
- La derogación del artículo 13 de la Ley Nº 13.064: Con esta eliminación se busca simplificar el régimen de obra pública, dejando atrás obligaciones y registros que, según el Ejecutivo, resultaban obsoletos.
- La sustitución de ciertos artículos clave: Por ejemplo, se modifica el artículo 20 para establecer nuevas condiciones en el mantenimiento de ofertas en licitaciones, imponiendo sanciones en caso de incumplimiento, como la pérdida del depósito de garantía y la suspensión en la base de datos del Órgano Rector.
- La eliminación del Registro Nacional de Firmas Consultoras: Esta medida se justifica con el argumento de que la inscripción en el SIPRO resulta suficiente para garantizar la transparencia y competencia en la contratación de servicios de consultoría.
Estas medidas, presentadas como un intento por “unificar” los sistemas de registro y reducir el sobredimensionamiento del aparato estatal, han generado críticas en diversos sectores. Los detractores sostienen que, bajo el pretexto de modernizar, se está concentrando en exceso el poder en la Oficina Nacional de Contrataciones y en la Jefatura de Gabinete de Ministros. Así, la centralización de las funciones podría traducirse en una mayor discrecionalidad en la evaluación y sanción de oferentes, abriendo la puerta a favoritismos y menos competencia real.
Javier Milei y el Debate sobre la Eficiencia del Estado
Javier Milei: ¿Innovación o Continuidad en la Contratación Pública?
En el actual clima político, el nombre de Javier Milei se ha convertido en sinónimo de un discurso crítico hacia el exceso burocrático y la ineficiencia del Estado. Aunque el decreto en sí no menciona explícitamente a este economista y figura política, la firma “MILEI” que aparece al final del documento no pasa desapercibida para quienes están atentos a los debates sobre la transformación del aparato estatal. ¿Podría tratarse de una coincidencia o de un guiño a las ideas que, desde hace tiempo, Milei promueve en torno a la reducción del tamaño del Estado y la apertura de espacios para el libre mercado?
La presencia de este apellido en un documento tan crucial ha sido interpretada por algunos sectores como una señal de continuidad en la agenda liberal, que busca derribar barreras y simplificar la burocracia para incentivar la competencia. Sin embargo, esta aparente sintonía resulta paradójica si se analiza en profundidad: por un lado, la unificación de los registros pretende facilitar el acceso de nuevos oferentes, pero, por otro, centraliza las decisiones en un único órgano que podría ser menos transparente. La cuestión es si se trata de una verdadera innovación que fomente la eficiencia o de una medida que permita, de forma sutil, un mayor control estatal en detrimento de la pluralidad y la competencia real en los procesos de contratación.
La Controversia de la Centralización y la Eliminación de Registros
Uno de los puntos más polémicos del Decreto 105/2025 es la eliminación de registros que, si bien han sido criticados por su complejidad, también han funcionado como un mecanismo de control y evaluación para garantizar la idoneidad de los contratistas. Con la derogación de la Ley Nº 22.460 y la modificación de otros dispositivos, el Ejecutivo Nacional parece apostar por un sistema más centralizado y, en teoría, más ágil. No obstante, este cambio también puede interpretarse como un intento de eliminar barreras de entrada que históricamente han permitido a nuevos actores competir en igualdad de condiciones.
La concentración de la información en el SIPRO y la dependencia de la Oficina Nacional de Contrataciones para la administración de esta base de datos plantean preguntas fundamentales sobre la capacidad de supervisión y rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos. Además, la eliminación de mecanismos que regulaban la contratación directa de servicios de consultoría podría redundar en una mayor vulnerabilidad a prácticas poco competitivas, donde la discrecionalidad del órgano rector determine quién tiene acceso a las licitaciones y, por ende, a importantes recursos estatales.
Los críticos argumentan que, si bien la intención de simplificar los procesos es loable, la práctica podría llevar a una situación en la que la centralización facilite el establecimiento de monopolios o cárteles en sectores clave de la economía. Esto, en última instancia, podría afectar la transparencia y la eficiencia, pilares fundamentales en cualquier sistema de contratación pública moderno.
Un Nuevo Paradigma Administrativo: Entre la Eficiencia y el Control
La reforma propuesta en el Decreto 105/2025 debe entenderse en el contexto de un gobierno que busca, al mismo tiempo, racionalizar la estructura estatal y ejercer un mayor control sobre el gasto público. Las medidas adoptadas responden a la necesidad de ordenar un sistema que, con el paso del tiempo, se ha visto sobrecargado por múltiples normativas y registros que dificultaban una supervisión coherente.
La emergencia administrativa declarada por la Ley Nº 27.742 se presenta como el marco que permite al Ejecutivo tomar decisiones drásticas para reestructurar el Estado. Sin embargo, en este proceso de “modernización” se ocultan dudas sobre la verdadera intención de centralizar competencias y reducir la participación de diversos actores en los procesos de contratación. ¿Realmente se busca incentivar la competencia y mejorar la eficiencia o se está allanando el camino para un modelo de gobernanza más autoritario, en el que el control se concentre en pocas manos?
El impacto de esta reforma se extenderá más allá del ámbito de la contratación pública. La eliminación de barreras y la simplificación de procesos tienen el potencial de transformar la manera en que el sector privado interactúa con el Estado. No obstante, es fundamental que estos cambios se acompañen de mecanismos robustos de transparencia y rendición de cuentas, para evitar que la centralización se traduzca en prácticas arbitrarias y, en última instancia, en corrupción.
Reflexiones Finales: ¿Hacia Dónde Se Dirige la Gestión Pública en Argentina?
El Decreto 105/2025 es, sin duda, una pieza clave en el rompecabezas de la modernización del aparato estatal argentino. Si bien se anuncia como un avance hacia una mayor eficiencia y transparencia en la contratación pública, las implicancias de centralizar funciones y eliminar registros históricos invitan a una reflexión profunda sobre el rumbo de la administración pública.
El documento no solo modifica normas y procedimientos, sino que también simboliza la lucha entre dos visiones contrapuestas: una que apuesta por un Estado ágil, capaz de competir en un entorno globalizado, y otra que defiende la importancia de contar con mecanismos de control descentralizados y participativos. En este contexto, la polémica en torno a nombres como Javier Milei –recordados por su crítica al aparato burocrático– se hace eco de un debate más amplio sobre la eficiencia, el control y la participación en la gestión de los recursos públicos.
La verdadera pregunta que surge es si estas reformas conducirán a una mejora sustancial en la gestión estatal o si, por el contrario, abrirán la puerta a nuevos retos en materia de transparencia y equidad en la contratación. Lo que está claro es que, en un escenario político cada vez más polarizado, cada cambio normativo se convierte en un campo de batalla ideológico donde se disputa el futuro del país.
En conclusión, el Decreto 105/2025 encierra en sus artículos una doble cara: por un lado, la promesa de un sistema de contratación más unificado y eficiente; por otro, el riesgo de una concentración excesiva del poder que podría minar los principios de transparencia y competencia. Queda por verse si el nuevo modelo será el motor de un cambio positivo o si se convertirá en otro eslabón de una cadena que, a lo largo de los años, ha obstaculizado la evolución de la administración pública en Argentina.
Acerca del Tema:
Off Topic es un autor que aborda temas de libertad individual y acción ciudadana en la web Libertad en Acción. Sus escritos ofrecen una perspectiva reflexiva y crítica sobre diversos temas de actualidad, fomentando el debate y la conciencia social.