El 13 de febrero de 2025, la Administración Pública Nacional sorprende con el Decreto 90/2025, una medida que promete simplificar la maraña normativa del Estado eliminando regulaciones obsoletas y procesos engorrosos. Pero, ¿es esta una auténtica modernización o simplemente un ajuste superficial que enmascara problemas estructurales?
La Derogación de Normas Obsoletas: ¿Solución o Atajo Administrativista?
El decreto insta a las jurisdicciones y entidades a realizar un exhaustivo relevamiento normativo. En un plazo de TREINTA días, deberán identificar leyes, decretos y disposiciones que ya no cumplen con su propósito o que, peor aún, generan incertidumbre y sobrecosto en la actividad pública y privada. Esta consolidación busca eliminar la superposición normativa que ha confuso a ciudadanos y operadores jurídicos por años, pero también ha abierto el debate sobre si se está sacrificando la protección legal en aras de una supuesta eficiencia.
Entre los puntos clave del decreto se destacan:
- Relevamiento Normativo Obligatorio: Cada organismo debe enviar un informe detallado con las normas que consideran obsoletas o innecesarias.
- Simplificación y Digitalización: Se impulsa el uso de nuevas tecnologías para agilizar trámites y reducir la burocracia.
- Criterios de Derogación: La medida establece parámetros claros para identificar normas caducas, redundantes o que, de otro modo, obstaculicen la libre iniciativa y el crecimiento económico.
JAVIER MILEI Y LA POLÉMICA EN LA ADMINISTRACIÓN
Javier Milei: ¿El Disruptor que Redefine la Simplificación Estatal?
En el epicentro del debate, Javier Milei emerge como una figura emblemática. Su presencia en los titulares y discusiones acentúa la controversia: ¿se trata de un verdadero impulsor de la libertad y la eficiencia o de un símbolo más de la retórica neoliberal que ignora los riesgos de una rápida desregulación? Milei, conocido por cuestionar el intervencionismo estatal, aprovecha esta coyuntura para criticar lo que él denomina “ajustes de conveniencia” que, en última instancia, podrían dejar al ciudadano desprotegido ante cambios abruptos en el marco normativo.
Transformación Digital vs. Seguridad Jurídica: ¿Modernización o Retroceso?
La apuesta por la digitalización y la simplificación promete agilizar la gestión pública, facilitando la interacción entre el Estado y el ciudadano. Sin embargo, la eliminación de regulaciones plantea dudas cruciales sobre la preservación de garantías y la estabilidad legal. Si bien la reducción de trámites puede incentivar la libre competencia y la inversión, también podría traducirse en una menor claridad y protección para los ciudadanos, generando inseguridad jurídica en un contexto de cambios vertiginosos.
Este análisis crítico pone sobre la mesa una interrogante central: ¿está el Estado apostando por una transformación real que beneficie a la sociedad o se esconde tras un velo de modernización para enmascarar debilidades estructurales? La respuesta podría definir el futuro de la interacción entre el ciudadano y la máquina administrativa. ¡Sigue leyendo y forma tu opinión sobre este controvertido giro en la política pública!
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